Programa Etxelan para personas en situación de exclusión social que no pueden pagar su hipoteca

El programa Etxelan, diseñado por las Obras Sociales de Kutxabank, está dirigido a clientes que se sitúan en el umbral de la exclusión social y que, como consecuencia de su situación de desempleo o de ausencia de actividad económica prolongada en el tiempo, no pueden atender a las obligaciones que asumieron para la adquisición de su vivienda habitual.

Con una dotación de 7 millones de euros, Etxelan operará en dos niveles de actuación. Por un lado se articularán medidas para favorecer su inserción socio laboral. El segundo nivel de soluciones ofrece fórmulas que permitirán a estas personas y familias residir durante dos años en viviendas cuya renta de alquiler será subvencionada hasta el 95% por la propia entidad financiera.

El programa cuenta con la colaboración de Cáritas Diocesanas de Euskadi, que pondrá a disposición de las personas beneficiarias recursos sociales personalizados orientados a su acompañamiento e inserción social y laboral.

Tras su adhesión al Plan de Mediación promovido por el Gobierno Vasco, Kutxabank avanza a través de este conjunto de medidas propias, en un programa que aporta respuestas para paliar las consecuencias originadas por procesos de impago hipotecario. En ese sentido, mejora los sistemas precedentes, eliminando las barreras de acceso al programa, ya que el valor de adquisición de la vivienda no será determinante para acceder a estas ayudas, siempre que se trate de personas en situación de exclusión social.

El objetivo primordial de la iniciativa es generar recursos dirigidos a acabar con los detonantes de los itinerarios de exclusión social subyacentes, así como evitar a toda costa que las personas que pierden la propiedad de su única vivienda se queden en la calle.

El programa está dirigido a clientes de Kutxabank que se encuentran en el umbral de la exclusión social y que, a causa de la situación de desempleo o de ausencia de actividad económica prolongada, no pueden pagar su hipoteca.

Para poder acogerse a las medidas previstas, la vivienda afectada por la reestructuración hipotecaria deberá estar ubicada en la CAE. Todos los miembros de la unidad familiar carecerán de rentas derivadas del trabajo y la cuota hipotecaria que afronten será superior al 60% de los ingresos netos de la unidad familiar. Será imprescindible, asimismo, que carezcan de otros bienes o patrimonio suficiente para hacer frente a la deuda y que se trate de un préstamo hipotecario concedido para adquirir la única vivienda en propiedad que, además, sea su vivienda habitual.

Las personas que se acojan al programa deberán acceder a participar en los programas de inserción socio laboral, orientados a generar las capacidades y habilidades necesarias para revertir su itinerario personal de exclusión social.

Una vez activado el proceso de reestructuración hipotecaria y detectado que se trata de un caso que se puede acoger al programa, la Obra Social correspondiente verificará su encaje y derivará el expediente a las Cáritas Diocesanas. En ese momento se iniciará el proceso de acompañamiento sociolaboral. Este proceso culmina con una propuesta de itinerario de inclusión social, con acciones personalizadas que promoverán la activación profesional y personal de las personas afectadas.

El itinerario de inserción se pondrá en marcha una vez que sea aceptado por la persona deudora, y se desarrollará de forma coordinada con los diversos programas de inserción socio-laboral que desarrollan las Obras Sociales de BBK, Kutxa y Vital.

El objetivo de esta segunda línea es aportar medidas de cobertura residencial que ofrezcan una residencia digna a las y los clientes de Kutxabank objeto de una ejecución hipotecaria o acogidos al ‘Código de Buenas Prácticas’.

Una vez de que la permanencia en la vivienda se haga imposible, sea cual sea el procedimiento seguido, las Obras Sociales se comprometerán a abonar, durante un plazo máximo de dos años, la diferencia entre el precio real del arrendamiento y la ayuda que reciben de la administración pública para abonar el alquiler de la vivienda. En los casos de exclusión social severa, la subvención que aporten las Obras Sociales podrá llegar hasta el 95% de la renta.

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